En respuesta a las recientes redadas contra inmigrantes, 54 organizaciones unidas bajo el Frente Amplio Contra las Políticas Migratorias de Trump, propusieron el miércoles una serie de medidas para garantizar la protección de las comunidades de inmigrantes en Puerto Rico ante la campaña de arrestos y deportaciones lanzada por el presidente Donald Trump.
A su vez, cuestionaron la inacción por parte del Gobierno de Puerto Rico en cuanto a la defensa y protección de los derechos humanos de estas comunidades en la Isla.
“Este es el momento de adoptar una política pública clara del gobierno de Puerto Rico en protección de población migrante y de sus familias”, aseguró Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) desde el Colegio de Abogados de Puerto Rico.
Aparte de proponer la “Ley para Crear la Política Pública de Protección al Migrante” algunos de los 12 reclamos esbozados en la conferencia consistieron en:
1. El reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas migrantes.
2. La exigencia de una garantía que establezca que no se negarán servicios públicos del estado sin importar el estatus migratorio.
3. El reconocimiento de espacios seguros o lugares “santuarios”, en el que las autoridades intervengan únicamente mediante una orden judicial de allanamiento.
4. El establecimiento de una “política clara” de parte del Gobierno de Puerto Rico de no participar, ayudar o facilitar a las autoridades federales en la identificación, detención y arresto de personas migrantes sin documentación regular.
5. Exigirle al Departamento de Educación que asegure que la niñez en edad escolar y sus familias puedan asistir a los centros de estudios sin temor de intervenciones.
6. La implementación de medidas que fortalezcan y garanticen el derecho a las víctimas y testigos de delito que sean indocumentados.
Sobre la orden que dictó la designada secretaria del Departamento de Justicia, Janet Parra, de generar listas de víctimas y testigos con el estatus migratorio no definido para su protección, Martínez Orabona se expresó en contra.
“Denunciamos enérgicamente que las personas migrantes que están participando como testigos o víctimas de delito sean reportadas [al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas] o procesadas con el apoyo del Departamento de Justicia, de la policía estatal o municipal. No solamente eso viola las leyes de Puerto Rico que protegen la parte de víctimas y testigos, sino que además viola también el propio proceso judicial sobre la confidencialidad”, aseguró.
Apoyo legal a los inmigrantes
De igual forma, Ariadna Godreau Aubert, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, anunció la apertura de una línea telefónica de apoyo gratuito para personas inmigrantes. La línea opera de lunes a viernes entre 10:00 a.m. y 2:00 p.m. a través del número telefónico: 939-545-3030. A solo un día de su estreno, la línea telefónica, ha recibido decenas de llamadas solicitando ayuda, asegura Goudreau Aubert.
Mariela García, presidenta del capítulo en Puerto Rico del American Inmigration Lawyers Association (AILA), también anunció la creación de un banco de abogados pro-bono para asistir a inmigrantes libre de costo. García compartió que los interesados en los servicios pueden conseguir información en www.aila.org.
“Es importante también que tomemos en consideración que la Ley de Inmigración protege a las víctimas de violencia. Lo que está haciendo la Gobernadora de Puerto Rico es algo sin precedente alguno que ningún gobernador de ningún otro estado ha estado llevando a cabo de perseguir a víctimas o testigos de crímenes”, agregó García.
Rechazo a las órdenes ejecutivas de Trump
“Estas órdenes administrativas para nada resuelven el problema de inmigración que se supone resuelva el gobierno federal, por el contrario, están provocando un ambiente de miedo en la población y produce un daño en las familias. (…) No hay razón en derecho que justifique que nuestro gobierno apoye políticas de deportación masiva y expedita que son claramente inconstitucionales y que violentan derechos fundamentales”, explicó la directora ejecutiva de la ACLU en Puerto Rico.
De igual forma, sobre la alegada pérdida de fondos federales, si los estados y territorios se niegan a colaborar con las deportaciones, la directora ejecutiva de la ACLU en Puerto Rico afirmó que: “Los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos fundamentales no se venden por dinero”.
Por su parte, el presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, José Rodríguez, en entrevista con Es Mental, calificó como “irresponsables” las expresiones que realizó la gobernadora Jenniffer González de que la orden ejecutiva de Trump no afectaría a Puerto Rico.
También, Rodríguez aseguró que la gobernadora le “dio la espalda” a la comunidad dominicana al preferir la colaboración con las agencias federales para obtener fondos.
“Aquí no hay ninguna seguridad nacional que se quiera proteger. Aquí hay una política tiránica de una oligarquía que está gobernando, no solamente en Estados Unidos, sino en Puerto Rico. Nosotros estamos viviendo tiempos de oscurantismo, y el que no lo quiera ver, el que no lo quiera escuchar va a pagar las consecuencias y por eso ustedes ven este grupo que está aquí preparado para enfrentar esas políticas. No hay ninguna seguridad nacional que quiera defender el presidente. La seguridad nacional la defiende el pueblo”, puntualizó Fermín Arraiza, director legal de la ACLU.
