El 15 de abril de 2001 Leandro Ruiz Martínez golpeó los brazos y mordió el torso de Juan del Valle Rodríguez.

Los residentes de Yauco habían tenido una relación sentimental hasta que el amor se tornó en violencia doméstica. La víctima incoó una orden de protección que su victimario violó.

 

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La violencia doméstica en la relación llegó al Tribunal Supremo, que falló contra la víctima al no canalizar su caso a través de la Ley de Prevención y de Intervención contra la Violencia Doméstica, lo que reflejó lo que experimentan, de una manera u otra, los miembros del colectivo LGBTQIA+ en relaciones violentas en Puerto Rico.

En 2005 la catedrática de la Universidad Internacional de Florida, Sheilla L. Rodríguez Madera, encuestó a 302 puertorriqueños de orientación homosexual o bisexual junto al fenecido catedrático de la Universidad de Puerto Rico, José Toro Alfonso, para el artículo Violencia doméstica en parejas de hombres gay puertorriqueños

El 61% de los encuestados respondió haber experimentado violencia de parte de su pareja. Mientras, el 48% sufrió de violencia emocional, el 26% de violencia física y el 25% de violencia sexual.

La coautora del artículo, Rodríguez Madera, mencionó que la violencia emocional y la violencia sexual entre parejas del mismo género en Puerto Rico es mayor en comparación con Estados Unidos. El porcentaje de parejas homosexuales o bisexuales que han sufrido violencia doméstica es similar al de las parejas heterosexuales.

“Son tasas altas que aluden a un problema serio que afecta la seguridad, la integridad y el bienestar de las personas”, opinó. 

Las víctimas de violencia doméstica en relaciones del mismo género, al igual que en las de géneros opuestos tienden a no aceptar lo que atraviesan y son coaccionadas sexualmente, comparó la científica social. La diferencia es que la violencia doméstica entre heterosexuales ocurre por la superioridad del hombre sobre la mujer que ha impuesto la sociedad mientras que, entre homosexuales o bisexuales, no necesariamente. 

El excoordinador de Gaia Arcoiris, Jose F. Galarza Flores, dijo que ha observado con frecuencia a mujeres trans en búsqueda de ayuda tras sufrir violencia doméstica durante una relación reciente. Igualmente, a mujeres bisexuales acosadas por sus ex parejas tras haber concluido una relación hace años o tras un encuentro sexual esporádico.

La violencia doméstica en relaciones del mismo género es más frecuente entre hombres. Las víctimas tienden a ser de edad media con una misma pareja hace décadas, resaltó en entrevista con Es Mental.

Entre los chantajes más utilizados contra las víctimas de violencia doméstica bisexuales u homosexuales está revelar su verdadera orientación sexual en caso de ser secreta, mencionó.

El temor a no tener un techo bajo el que vivir en caso de terminar una relación, agregó, también es una amenaza.

“La persona no busca ayuda porque quienes primero se ríen y quienes primero te bloquean son quienes se supone que te protejan”, expresó el trabajador social forense.

La clave, según Manuel Lugo Cruz, consejero profesional especializado en las comunidades LGBTQIA+, es hablar.

Lo común es que las víctimas de una relación homosexual o bisexual donde experimentan violencia doméstica acepten su realidad con los años cuando ocurre un incidente que coloca su vida en riesgo. En parte, porque sus agresores las aíslan de sus seres queridos y les prohíben todo lo que les gusta de tal manera que las enajenan del mundo.

A esto se suma que también es complicado aceptar que la persona a quien consideran su media naranja, tras tanto discrimen y marginación, ahora sea su agresor.

“Para mí es como un efecto de doble armario porque primero paso por un proceso, tal vez de la adolescencia a la adultez temprana o tardía, de aceptar mi orientación sexual, pero entonces me encuentro en una relación de pareja, pero me están maltratando y estoy siendo víctima de violencia doméstica”, explicó. “Entonces, me callo la boca y me devuelvo a ese armario, pero de las víctimas de violencia doméstica”.

El adiestramiento a los funcionarios gubernamentales, añadió, también es importante al atender cualquier alegato de violencia doméstica entre parejas del mismo género.

Entre los mecanismos legales para atajar la violencia doméstica entre parejas del mismo género está la Ley de Prevención y de Intervención contra la Violencia Doméstica. Aunque en 2001 el Tribunal Supremo determinó que la violencia doméstica entre parejas del mismo género no podía encauzarse a través de la normativa, el Senado la enmendó a través de la Ley 23 de 2013 para proteger a todos independientemente el estado civil, la orientación sexual, la identidad de género o el estatus migratorio.

La abogada constitucionalista, Yanira Reyes Gil, explicó que la ley se redactó para proteger a todos y a todas. No obstante, al haberse aprobado cuando la discusión pública giraba en torno a las mujeres, la judicatura percibió que eran las únicas protegidas.

“El derecho va más atrás de lo que son las relaciones sociales”, comentó la abogada. “La sociedad estaba lista para extender todos los derechos a las comunidades LGBTQIA+, pero el derecho se atrasó”.

 La abogada explicó que las leyes contra la violencia doméstica son estatales, por lo que el acta contra la violencia hacia la mujer (por sus acrónimos en inglés “VAWA”) es una de las pocas normativas federales contra este mal social. Entre sus disposiciones está la asignación de fondos federales a organizaciones que atienden esta problemática.

 La abogada opinó que, por el momento, la Ley de Prevención y de Intervención contra la Violencia Doméstica es útil. Por lo tanto, no son necesarias más leyes, sino ejecución.

No obstante, puntualizó que, en estos últimos años, la extensión de los derechos a las comunidades LGBTQIA+ en Puerto Rico ha avanzado a pasos agigantados.