Luego de que en los últimos días los familiares de la joven Shannel Colón Ponce se hayan manifestado frente al Complejo de Rehabilitación de Mujeres en Bayamón en la búsqueda de respuesta sobre la muerte de su hija en la institución correccional, la Defensoría de los Derechos Carcelarios aseguró que este caso ha puesto en manifiesto los escollos administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) en relación a los servicios de salud mental y las extrañas formas en las que mueren algunos confinados.
De acuerdo con Dallie Cruz Ruiz, presidenta de la Defensoría de los Derechos Carcelarios, el caso de la joven de 23 años y el asunto de los fallecimientos de otros confinados son ejemplos de la ineficiencia administrativa existente y que, además, pone en duda “si realmente se brinda la seguridad” necesaria a esta población.
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“Los asuntos de las muertes de reclusos en el DCR no han sido atendidos con la responsabilidad que acarrea. De hecho, siempre hacen investigaciones y no se les brinda a los familiares el resultado, como tampoco se ha adjudicado responsabilidad a su personal en los casos en donde ha habido negligencia. Actualmente todo es clasificado como (muerte por) sobredosis, suicidios o circunstancias desconocidas”, señaló Cruz Ruiz.
Fue precisamente tras una serie de incongruencias en las versiones sobre cómo murió su hija en la institución correccional de mujeres, lo que provocó que la madre de Colón Ponce, Yahaira Ponce, y otros de sus familiares llegaran a las inmediaciones del lugar buscando respuestas.
“Ella tenía ya un año con unos episodios de salud mental bien fuertes y en ocasiones, cuando ella se me ponía mala, yo la trancaba en un hospital psiquiátrico (en Pensilvania) hasta que se ponía estable. Entonces hoy, lamentablemente, tenemos que llegar aquí a reclamar porque ella falleció y ellos no han dicho nada. Me enteré de que había fallecido con el presentimiento de madre, pues llamé, como llamaba casi todas las mañanas, y noté que me estaban ocultando algo. Puerto Rico está mal, no hay respuestas”, dijo la madre en una transmisión de Facebook Live al explicar sus motivos para protestar frente a la institución.
Para la defensora y representante de los pacientes de salud mental en Puerto Rico, Silvia Arias, el hecho de que los pacientes con condiciones psiquiátricas estén en mayor riesgo de ser institucionalizados carcelariamente representa un llamado de alerta de cómo se sigue manejando el asunto de la salud mental en las entidades gubernamentales puertorriqueñas.
De hecho, clasificó la situación como una de “criminalización de la salud mental” y que pone en riesgo a muchos ciudadanos.
“Esto es sumamente preocupante y nosotros conocemos que no solamente es el caso de esta chica. No tenemos idea de los entrenamientos y capacitaciones de los oficiales y el personal de Corrección a la hora de trabajar con condiciones mentales”, sostuvo.
Señaló que las instituciones correccionales “están muy lejos de ser centros de rehabilitación y que es doloroso ver que personas jóvenes, y de otras edades, tengan que atravesar por esta situación en nuestras cárceles. Esto no se justifica de ninguna manera”, añadió.
“No hay servicios para atender las situaciones individuales como las colectivas. Ello radica en el consumo y abuso de sustancias, suicidios y otros padecimientos. Y cuando fallece un miembro de la población correccional no hay respuestas, mostrando que no hay control ni seguridad”, puntualizó Cruz Ruiz.
En lo que va de año suman 41 las muertes de confinados en la Isla, dijo en entrevista con Radio Isla la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar.
Es Mental solicitó una entrevista con la Secretaria pero la misma no fue concedida a este medio.
Comisión legislativa comenzará investigación
En los pasados días el senador independiente José A. Vargas Vidot se hizo presente en el reclamo de justicia de los familiares de la joven de 23 años y se comprometió a iniciar un proceso de investigación legislativa sobre lo ocurrido a través de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado, en la que destaca como presidente.
“Tampoco es que pensemos que lo de Shannel es un caso aislado, yo creo que pone en evidencia una serie de condiciones, que no son apropiadas, para decir que Corrección no está manejando bien el tema de salud mental. Hay una cantidad de personas que nos escriben y se quejan, precisamente, de la ausencia de personal de salud mental y lo poco que se atienden los presupuestos dirigidos a las plantillas laborales de salud emocional”, explicó en entrevista telefónica.
La Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado requerirá información a las agencias, como el DCR y posteriormente llevará a cabo vistas públicas sobre la situación.
“Aquí lo que sí es evidente es que hay una familia que está dentro del más profundo sentido de incertidumbre, que está agotada espiritualmente y que no se le está brindando la información necesaria para que pueda manejar su pérdida. Y lo segundo es que, todo parece indicar que hay unas inmensas lagunas y ambigüedades en el sistema que conecta a la provisión de servicios de salud mental con la institución correccional”, afirmó.
Apuntó a que la falta de eficiencia como institución y la toma de decisiones se ve ejemplificado en la inconsistencia de que si funcionaban o no las cámaras, de que si había o no energía eléctrica y el hecho de que las personas con condiciones de salud mental pasen por diagnósticos, cuidados y posteriormente unidades especializadas en crisis.
Sobre el trato a las personas en las cárceles del País dijo que es prejuiciado y es el resultado de una crianza punitiva.
“En Puerto Rico hay una teología de la culpa y si uno mira la incidencia de salud mental de las condiciones de salud de las personas que llegan a nuestras instituciones penales es más de un 70 por ciento y eso nos dice muchísimo. Si encima de eso cada persona piensa que el que está allí debe pagar con su vida, estamos institucionalizando la pena de muerte”, concluyó.
