Carencias en recursos educativos, profesionales especializados y la ausencia de investigaciones que permitan abordar eficazmente las necesidades de una creciente población infantil en condiciones de vulnerabilidad, son tan solo algunos de los retos asociados al tema de la atención a la niñez en Puerto Rico, coinciden las doctoras Alice Pérez Fernández y Ángeles Acosta Rodríguez.
Como representantes del Comité Ad Hoc “Promoción del Desarrollo Integral de la Niñez”, de la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR), hacen un llamado urgente para abordarlos, particularmente en el contexto de la transición gubernamental que ocurre actualmente en el archipiélago.
Entre las principales preocupaciones del comité se encuentran los déficits presupuestarios que limitan la transportación escolar, impactando a estudiantes desplazados por el cierre de escuelas y el manejo del Programa de Educación Especial (PEE). También, resaltan la falta de atención a niños con problemas de aprendizaje en la matrícula regular.
La APPR solicita que se asignen fondos a la Universidad de Puerto Rico para investigar factores de riesgo asociados a deficiencias en el desarrollo, con miras a fomentar políticas públicas preventivas y servicios educativos integrales. Además, proponen reutilizar escuelas cerradas como espacios especializados para atender las necesidades de sectores empobrecidos y la población de educación especial.
De igual forma, subrayan la importancia de estrategias interinstitucionales que promuevan el desarrollo integral de la niñez y reiteran la disposición de la Asociación para contribuir con su experiencia profesional a este fin.
Acosta Rodríguez describió la creación del Comité Ad Hoc de la APPR como una respuesta necesaria a la creciente prevalencia de niños con necesidades especiales y diversidad funcional en la isla. “Desde el 2000 cuando el doctor César Rey era secretario de Educación, ya se reportaba preocupación por el número de estudiantes inscritos en el programa de educación especial. Hoy esa cifra sigue en aumento, pero carecemos de investigaciones para entender las causas de este fenómeno”, explicó la experta.
La doctora señaló que, alrededor de un tercio de los estudiantes en el sistema público se registran como participantes del programa de educación especial. Sin embargo, muchos niños con problemas de aprendizaje no son formalmente identificados, lo que sugiere que el problema podría ser aún mayor. Entre los factores de riesgo más evidentes, menciona la pobreza infantil, que afecta a más del 50% de los niños en Puerto Rico, así como la falta de acceso a servicios médicos y educativos integrales. Estas condiciones, según la psicóloga, limitan las oportunidades de identificar y atender tempranamente las necesidades específicas de los menores.
Por su parte, la doctora Pérez Fernández, coordinadora del Comité Ad Hoc “Promoción del Desarrollo Integral de la Niñez” de la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR), añadió que el Comité se centrará en promover el desarrollo integral de los menores desde una perspectiva de justicia y equidad. Incluso, mencionó que el Comité propone alternativas como el uso de escuelas cerradas para transformarlas en espacios especializados que atiendan las necesidades educativas de comunidades empobrecidas.
Pérez Fernández identificó como prioridades la falta de planificación integral en políticas educativas y el impacto de estas carencias en sectores vulnerables como la población de educación especial. De acuerdo con la especialista, en Puerto Rico, las políticas para la niñez suelen quedarse a nivel discursivo o fragmentado, lo que impide atender adecuadamente problemas como los de los estudiantes con necesidades especiales.
“El aumento en el registro de estudiantes de educación especial, que supera el 30% de la matrícula escolar, es alarmante porque carecemos de datos actualizados y análisis detallados que nos permitan desarrollar estrategias efectivas”, indicó.
También señaló que los programas no suelen considerar la diversidad dentro de la educación especial, lo que limita la capacidad de los maestros y profesionales de responder a las necesidades específicas de cada condición. Pérez Fernández reconoció que la situación se agrava con problemas como la dificultad para contratar especialistas en educación especial y la falta de recursos para apoyar a estudiantes con autismo y otras condiciones que requieren enfoques diferenciados.
Para abordar esta realidad, Pérez Fernández resalta la necesidad de investigaciones prioritarias que permitan conocer las condiciones de vida de los niños y niñas, así como la distribución de recursos en las áreas más necesitadas. “Sin estadísticas actualizadas y desglosadas por condición, no podemos crear proyectos efectivos ni distribuir presupuestos de manera adecuada”, advirtió.
En este marco, Acosta Rodríguez precisó que, este Comité busca impulsar investigaciones exhaustivas que permitan comprender los factores detrás del aumento en la diversidad funcional infantil. Según la especialista, estas investigaciones son fundamentales para diseñar programas de prevención y garantizar un acceso equitativo a recursos adecuados.
“Proponemos que se otorguen fondos a instituciones como el Recinto de Ciencias Médicas y Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, que cuentan con la capacidad para llevar a cabo estos estudios y generar datos confiables”, agregó.
Además, el Comité trabajará en colaboración con agencias clave como el Departamento de Educación, el Departamento de Salud y el Departamento de la Familia para garantizar que los hallazgos se traduzcan en políticas efectivas. “Es vital abordar esta problemática desde un enfoque integral que incluya a niños en entornos pre escolares, tanto públicos como privados, asegurando que se cumplan los criterios de calidad y accesibilidad”, concluyó Acosta Rodríguez.
Finalmente, Pérez Fernández adelantó que, con el inicio de un nuevo Gobierno en enero de 2025, el Comité Ad Hoc mantendrá reuniones con distintos sectores para fiscalizar las acciones gubernamentales y aportar con experiencia profesional al diseño de políticas públicas.
“Es fundamental establecer planes a largo plazo basados en evidencia científica, no proyectos limitados a ciclos de cuatro años”, concluyó Pérez, reiterando que el desarrollo de la niñez debe ser una prioridad de país.
